La relación laboral entre un trabajador y su centro de trabajo es de vital importancia porque constituye uno de los principales medios de desarrollo de la persona humana.  Por esta razón estará siempre presente en la discusión pública y será visto según la óptica de la corriente de pensamiento y opinión predominante de la época. Sin embargo, como suele suceder, la inercia de las personas de adecuarse a los cambios hace que generalmente se recurra a diversos argumentos para evitarlos: “viola los derechos humanos, viola los derechos adquiridos, trabajadores de segunda categoría, etc.”

Llegar a acuerdos entre gremios empresariales y de trabajadores no es sencillo porque se tiene que romper muchos tabúes.  En mi experiencia personal los presidentes de los sindicatos de trabajadores no pueden tomar acuerdos sin someterlos a sus respectivas asambleas, o por lo menos ese es uno de sus argumentos de negociación, lo que se traduce en reuniones largas e inútiles porque no se pueden tomar decisiones sobre la marcha.

Otra limitante a conversaciones sinceras y productivas es la politización de las relaciones laborales.  Siendo los trabajadores por definición muchos más que los empresarios, los candidatos políticos tienden a prometerles cosas que luego dificultan dictar las leyes adecuadas que beneficien al país.  Es la conquista de viejas banderas obsoletas que con el tiempo se convirtieron en fines en sí mismas aunque el fin que inicialmente buscaban ya no existe.

Una de esas raras oportunidades de llegar a acuerdos trascendentales en la que tuve la ocasión de participar sucedió en el año 2001.  En aquella época yo era presidente de la Cámara Peruana de la Construcción y gobernaba el país el Dr. Valentín Paniagua. Era Ministro de Trabajo Fernando Villarán.  En aquellos 6 meses de transición (inestabilidad) muchos vieron la oportunidad de recuperar antiguos privilegios pero al mismo tiempo no se sentían con la fuerza suficiente para imponerse, entre ellos, los gremios laborales.  Se tenía así un espacio de diálogo muy interesante para lograr acuerdos trascendentes. Y así sucedió.

La Cámara Peruana de la Construcción firmó con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil un Acta de Acuerdos con una visión de avanzada.  Pero por esas cosas del destino sucedió algo que no permitió que se llevara a la práctica.  Terminó el gobierno de transición y el portavoz del nuevo gobierno en una reunión a la que se me citó en el ministerio de trabajo venía con un discurso totalmente distinto.  No lo sabíamos en ese momento pero el nuevo gobierno había prometido o firmado un acta de compromiso de cumplir con las viejas banderas del sindicato.  De allí hacia adelante el esfuerzo realizado y el acta firmada quedó en el olvido.  Para el nuevo gobierno los constructores habíamos abusado de los trabajadores durante la última década y ellos iban a poner término a eso; a las buenas o a las malas.  A la larga fue a las malas y se implantó en Construcción Civil el régimen de Negociación Colectiva a Nivel de Rama de Actividad.  Régimen que considero nefasto para las aspiraciones personales de desarrollo de los trabajadores por la sencilla razón que no permite que los mejores sobresalgan y ganen más, sino que más bien, nivela a todos en salarios comparativamente alto para los menos preparados y bajos para los más capaces. Es así, que el trabajador que recién empieza, sin experiencia, tiene un costo para la empresa de 700 dólares mensuales, mientras que a lo que puede aspirar al final de su vida útil (dentro de 30 años) es 840 dólares.  30 años de esfuerzo para aspirar a mejorar 20% su salario.  Demás está decir que el Perú tiene los más altos salarios de la región, pero mal distribuidos.  Esto es resultado del sistema de fijación de los mal llamados salarios mínimos, que no tienen nada de mínimo y hacen que todos ganen más o menos igual.

Y digo a la mala porque por primera vez en mi recorrido por los gremios empresariales la OIT, entidad que por definición defiende a los trabajadores, emitió una resolución a través del Comité… en la cual expresaba que el Perú había incumplido con los convenios firmados al obligar arbitrariamente a los empleadores a negociar a un nivel que ellos no aceptaban.